En busca de la sostenibilidad financiera - III

• La fiscalidad nacional, en particular el impuesto sobre la renta, es el gran ausente. Los gobiernos nacionales tienden a desatenderse de la problemá- tica de los centros históricos, sobre todo cuando los gobiernos locales asu- men la conducción del proceso de recuperación. Por otra parte, la diferen- ciación político partidista entre gobierno local y gobierno nacional, situa- ción compartida por varias ciudades, dificulta y hasta imposibilita la coor- dinación entre los dos niveles de gobierno. En este contexto, se entiende que los firmantes de la Declaración de Mé- xico reclamen la: "Responsabilidad por parte del Estado-Nación, parti- cularmente (..) cuando se trata de centroshistóricos declarados Patrimo- nio Cultural de la Humanidad" y su participación "en el financiamiento de los programas y de los proyectos a través de recursos presupuéstales genuinos".
• El financiamiento internacional ha jugado y seguirá jugando un papel importante, sobresaliendo la cooperación española - a través de la AECI y de la Junta de Andalucía - y el programa del BID para proyectos de conservación del patrimonio urbano en América Latina y el Caribe. El PNUD a través de la UNESCO financia también programas de educación y formación de recursos humanos10. Los créditos del BID apoyan inversiones públicas que se inscriban dentro de un plan maestro y de un marco regulatorio que favorece la inversión privada, que tengan una tasa de rentabilidad positiva (mínimo 12%) y que priorizen el mejoramiento de los espacios públicos y de la infraestructura. Al respecto, la Declaración de México establece la necesidad de revisar las solicitudes de apoyo financiero ante la cooperación internacional (¿ y/o las políticas de los organismos de cooperación?): "...en función de los reales intereses de nuestros centros históricos, priorizando la inversión social, el hábitat popular, la economía informal y la rehabilitación de edificios patrimoniales". Pero, en la medida en que está condicionado a la obtención del aval de los gobiernos nacionales, el acceso a los recursos de la cooperación internacional, particularmente de los organismos multilaterales de crédito, es también fuente de tensión entre los gobiernos locales y las haciendas nacionales.