En todos los centros históricos de la región, la conservación del patrimonio se
gestó desde las esferas gubernamentales y se instrumentó mediante la creación
de un marco legal e institucional específico, operado por los gobiernos centra-
les.
El registro y catalogación de un patrimonio histórico, sometido a normas
estrictas de conservación constituye la primera acción pública en la mayoría de
los casos. Esta visión conservacionista del patrimonio, en vez de promover, sue-
le desalentar la intervención de los propietarios, por lo que los gobiernos asu-
men que es la inversión pública que debe encabezar el proceso, mediante la
aplicación de programas de inversión pública destinados al rescate de monu-
mentos aislados de gran valor histórico y arquitectónico.
Este protagonismo público suele ser acompañado - a veces promovido -
por una elite cultural y/o de empresarios ilustrados, a través de la creación de
fundaciones y patronatos, interesados en el rescate del patrimonio monumen-
tal por razones de prestigio.
Los monumentos rescatados se destinan a usos pú-
blicos, o bien a oficinas corporativas. En algunos casos, se crean instituciones
públicas encargadas de financiar la conservación de monumentos, sin que siem-
pre esté asegurada la continuidad del financiamiento público. Existen excepcio-
nes, como la de la Oficina del Historiador de la ciudad de la Habana, que cap-
ta e reinvierte en el rescate patrimonial las divisas provenientes de la actividad
turística en la Habana Vieja (170 millones de dólares en los últimos seis años);
o bien el Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural (FONSAL) en Quito
que se alimenta de fuentes impositivas permanentes.
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