Incentivos públicos a la inversión privada

La difícil movilización de recursos de los propietarios e inversionistas privados en apoyo a la conservación del patrimonio histórico ha llevado a varios gobiernos locales a ofrecer exenciones tributarias y facilidades administrativas. En la ciudad de México, entre 1991 y 1999, se aplicó una inversión de alrededor de 300 millones de dólares a 500 inmuebles del centro histórico, beneficiándose propietarios e inversionistas de exenciones fiscales por un monto de 9 millones. Otro ejemplo: en Sao Paulo se estableció la exención del impuesto predial por 10 años, para los propietarios de inmuebles históricos que rehabiliten sus fachadas. El impacto de estas políticas fiscales no ha sido del todo evaluado, pero existen indicios que hacen pensar que la asignación de las inversiones en función de la sola lógica del mercado (la rentabilidad) puede conducir a efectos perversos o por lo menos no deseados. 
Por una parte, los inversionistas y propietarios buscan disminuir el nivel de riesgo de sus inversiones exigiendo mayores incentivos por parte de la hacienda local, así como una menor regulación normativa por parte de las instituciones públicas encargadas de la protección del patrimonio. Por otra parte, como se ha podido evaluar en el caso de la ciu- dad de México, las inversiones suelen aplicarse a espacios y a usos que ofrecen mayor rentabilidad (museos, comercios y equipamientos turísticos), dejando fuera a la vivienda - sobre todo para familias de bajos ingresos - y a las áreas más deprimidas de los centros históricos.