La conservación de monumentos por parte del Estado

En rodos los centros históricos de la región, la conservación del patrimonio se gestó desde las esferas gubernamentales y se instrumentó mediante la creación de un marco legal e institucional específico, operado por los gobiernos centra- les. 

El registro y catalogación de un patrimonio histórico, sometido a normas estrictas de conservación constituye la primera acción pública en la mayoría de los casos. Esta visión conservacionista del patrimonio, en vez de promover, sue- le desalentar la intervención de los propietarios, por lo que los gobiernos asu- men que es la inversión pública que debe encabezar el proceso, mediante la aplicación de programas de inversión pública destinados al rescate de monu- mentos aislados de gran valor histórico y arquitectónico. Este protagonismo público suele ser acompañado - a veces promovido - por una elite cultural y/o de empresarios ilustrados, a través de la creación de fundaciones y patronatos, interesados en el rescate del patrimonio monumental por razones de prestigio. 

Los monumentos rescatados se destinan a usos públicos, o bien a oficinas corporativas. En algunos casos, se crean instituciones públicas encargadas de financiar la conservación de monumentos, sin que siempre esté asegurada la continuidad del financiamiento público. Existen excepciones, como la de la Oficina del Historiador de la ciudad de la Habana, que capta e reinvierte en el rescate patrimonial las divisas provenientes de la actividad turística en la Habana Vieja (170 millones de dólares en los últimos seis años); o bien el Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural (FONSAL) en Quito que se alimenta de fuentes impositivas permanentes.