Las ciudades ante el programa de flexibilización laboral - I

La problemática 'local' no tiene causas ni soluciones principalmente locales. El diagnóstico y las propuestas de política urbana, para las megaciudades y otras metrópolis latinoamericanas, no puede prescindir de un análisis local de lo lo- cal, pero tampoco puede estar limitado a él. 

La 'globalización' no es un proce- so externo, ni el capital global está 'allá afuera'. La reestructuración de los siste- mas globales y nacionales de poder social, económico y político atraviesa a las ciudades, introyecta sus valores y criterios de posibilidad estructurados como un nuevo sentido común, legitimador de una propuesta vaciada de desarrollo humano, basada en indicadores cuantitativos y estáticos antes que en la calidad de las relaciones y, sobre todo, negadora de las estructuras de poder como tema y campo de acción. Por un lado, se erosiona la función del Estado como garante de derechos básicos de cada ciudadano, con independencia de su inserción en el mercado. 

Por otro lado, el capital tiene un punto central en su agenda referido a quienes logran insertarse en el mercado de trabajo, punto que unifica -con o sin mati- ces- a las diversas fracciones del empresariado: se trata de desregular las relacio- nes laborales, permitiendo la libertad de contratación, reubicación y descontra- tación que, en parte, requiere la flexibilidad de los nuevos sistemas producti- vos14. Para ello se somete a los trabajadores a una dura competencia entre sí, en cada lugar y desde diversos lugares del mundo, bajando los salarios directos y los costos laborales asociados, es decir, eludiendo las contribuciones patronales vinculadas a la contratación de trabajadores asalariados. Tal reducción de cos- tos, justificada en nombre de la imprescindible competitividad o del eventual incremento del empleo, tiene como contracara la pérdida de derechos sociales de las mayorías, derechos que se estructuraron a partir de las luchas obreras y del papel regulador del estado en nombre del bien público. Pero a la vez se aco- ta el poder de los sindicatos para incidir en las políticas económicas y sociales.