El papel del Estado - I

A este proceso de reestructuración del capital privado se suma la privatización de las empresas públicas, tanto las productivas de bienes como las de servicios. Eso acelera la expulsión de trabajadores y la polarización de la estructura de salarios, pero además encarece los precios de bienes y servicios esenciales". Los monopolios globales han encontrado un importante nicho de mercado: las concentraciones de habitantes urbanos de América Latina, cuyos ingresos medios son relativamente altos en comparación con otras regiones, además están en la imperiosa necesidad de consumir servicios sin los cuales no se puede sobrevivir socialmente en la ciudad. Al obtener concesiones en condiciones monopólicas, captan una ganancia que no podrían lograr en sus países de origen, encareciendo los servicios, aumentando el costo de vida, lo que entra en contradicción con la reducción de los salarios para el resto del capital localizado en estas ciudades. Esta forma de privatización se justificó por la ineficiencia (en muchos casos fomentada desde el mismo Estado conservador) de la administración estatal, por la rigidez del sindicalismo público, por el déficit que en muchos casos (en otros no) generaban esas empresas públicas".

En el caso de los servicios públicos, el empobrecimiento de la población urbana puede tender a reducir el interés del capital por mantener sus inversio nes en ese sector, atraídas por la concentración geográfica de mercados urbanos de ingresos relativos medios y altos, por los negociados de las privatizaciones-piñata posibilitada por la corrupción estatal. En tal caso, en una o dos décadas se iniciaría otro ciclo de apropiación nacional, si es que no estatal, de los servicios hoy en manos de monopolios internacionales.

Mientras tanto, las políticas nacionales de privatización han puesto a los gobiernos de las ciudades, responsables descentralizados por el acceso y la calidad de los servicios, en condiciones de inferioridad y fragmentados ante grandes grupos a cargo de regiones transmunicipales y con capacidad de influencia directa sobre las instancias nacionales. La política social urbana ha perdido uno de sus principales instrumentos: la posibilidad de incidir en los ingresos reales de sus ciudadanos, fijando tarifas diferenciales o subsidiadas de servicios públicos considerados de primera necesidad.